Inversiones de INJUPEMP: qué parte está en bonos del Gobierno y qué parte en bancos privados

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el que la institución detalló sus inversiones del fondo frente a las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la composición de la cartera, especificando qué activos pertenecen al Estado y cuáles se relacionan con el sector bancario comercial, prestando especial interés a Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El cuadro de inversiones de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.

¿Aparece algún banco estatal entre las inversiones de INJUPEMP?

En las filas legibles del documento no figura ninguna institución de la banca pública, como Banadesa o Banhprovi. El Estado aparece como emisor a través de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras en lempiras y en dólares.

La diferencia importa para entender el portafolio: los bonos del Gobierno son deuda del Estado, no depósitos en un banco. Los bancos privados, en cambio, aparecen como emisores de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. El detalle incluye además bonos corporativos, notas estructuradas y acciones de empresas que no son bancos.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una fracción pequeña de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre sus cotizantes. Según el informe, dicha cantidad representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una aclaración al pie de página detalla que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin especificarse el destino final de dichos capitales.

En cuanto a las condiciones de esta operación, el director de INJUPEMP indicó que las acciones preferentes contemplan un dividendo anual del 9.5 %, con pagos semestrales a partir de junio de 2027. Este rendimiento y su calendario de distribución permiten conocer mejor las características de la inversión y el lugar que ocupa dentro del patrimonio del instituto.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, al igual que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae en el comité de inversiones y en la junta directiva de cada respectivo organismo, mientras que la CNBS se encarga de fiscalizar que se respeten los procedimientos de debida diligencia, absteniéndose de definir las colocaciones financieras.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de las instituciones financieras privadas dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan la intervención pública, en tanto que siete entidades bancarias privadas participan mediante diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación analizada no se registra la presencia de ningún banco del Estado.

Seguir el destino de estos recursos también implica prestar atención a los documentos que respaldan cada operación. El detalle publicado por INJUPEMP permite revisar los montos, los emisores y las características de las inversiones, y cuenta con las firmas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Sin embargo, las cifras no son invariables: los vencimientos y las nuevas operaciones pueden modificar el portafolio, de modo que la fecha de corte resulta indispensable para interpretar y comparar los datos correctamente.

Para aquellas entidades bancarias integradas en este ecosistema, comprender sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los agentes implicados en la industria. Con este propósito, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en varios países de la región centroamericana.