El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha realizado una serie de observaciones y sugerencias dirigidas a España tras revisar cómo cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La evaluación se centra en diferentes áreas de la vida institucional, judicial y social del país, señalando aspectos sensibles que necesitan acciones más firmes del Estado para asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos.
Aborto y salud reproductiva
Si bien se valoraron positivamente los avances legislativos recientes, como la eliminación del consentimiento parental para menores de 16 y 17 años y el fin del período obligatorio de reflexión, el Comité señaló que estos cambios deben aplicarse de manera uniforme en todo el país. Además, instó a garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva, especialmente en zonas rurales o con influencia de movimientos conservadores.
Justicia para los crímenes del franquismo
Uno de los temas más relevantes tratados fue la deuda no resuelta en lo que respecta a la justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. El Comité puso en duda la aplicación actual de la ley de amnistía de 1977 y solicitó detalles específicos acerca de las acciones realizadas para llevar a los culpables de crímenes de lesa humanidad ante la justicia. Además, se instó a que se aumenten los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y se mejore el acceso a los archivos oficiales.
Condiciones de acogida de migrantes
El Comité expresó preocupación por las condiciones en que son recibidas las personas migrantes en territorios como Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Se denunció el hacinamiento, la falta de atención médica adecuada y la retención de menores en instalaciones no aptas. Se reclamó una mejora urgente en la atención humanitaria y la garantía de acceso real a procedimientos de asilo y protección internacional.
Fin del régimen de incomunicación
Otra recomendación destacada fue la supresión del régimen de detención incomunicada, que permite mantener a una persona hasta 13 días sin contacto con el exterior. Esta práctica, asociada históricamente a casos de tortura y malos tratos, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de organismos internacionales. El Comité instó a España a garantizar la asistencia letrada desde el primer momento de la detención.
Derecho a la libertad de opinión y a reunirse
La normativa actual en España todavía considera delitos como las injurias a la Corona y las ofensas a sentimientos religiosos, lo que suscita inquietud sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión. Asimismo, la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada «ley mordaza», fue criticada por restringir el derecho a reunirse y manifestarse de manera pacífica. El Comité sugirió evaluar y modificar estas disposiciones para que se ajusten a los estándares internacionales.
Maltrato de género y apoyo a las personas afectadas
Aunque se han implementado medidas en los últimos años, el Comité encontró inadecuados los esfuerzos estatales para eliminar la violencia de género. Se destacó la importancia de mejorar los sistemas de protección, apoyo y compensación para las víctimas, además de eliminar la impunidad en los casos reportados. También se recomendó capacitar apropiadamente al personal judicial y policial en perspectiva de género.
Integración social de colectivos vulnerables
Se hizo énfasis en la persistente exclusión social de colectivos como la comunidad gitana, las personas con discapacidad y las familias en situación de pobreza, en especial la infantil. El Comité pidió implementar políticas públicas integrales y efectivas para garantizar igualdad de oportunidades en acceso a la educación, el empleo, la vivienda y los servicios de salud.
Entrada a un hogar adecuado
Los desalojos forzosos sin alternativas habitacionales ni indemnizaciones adecuadas fueron objeto de crítica. Se solicitó reforzar los mecanismos legales que protejan a las personas frente a este tipo de prácticas, garantizando su derecho a una vivienda digna. También se recomendó promover programas de vivienda social y mejorar la coordinación entre administraciones públicas.
Autonomía judicial y combate a la corrupción
El Comité expresó dudas sobre la interferencia política en la designación de puestos importantes en el sistema judicial y mostró inquietud por la falta de autonomía de la Fiscalía General del Estado. Se sugirió robustecer las salvaguardias institucionales para mantener la división de poderes y garantizar la efectividad de las estrategias contra la corrupción.
Uso ético de tecnologías y protección de derechos digitales
Finalmente, se planteó la necesidad urgente de regular el uso de tecnologías como la inteligencia artificial en los sistemas públicos, para evitar sesgos discriminatorios y salvaguardar la privacidad y la libertad de expresión. El Comité subrayó que el avance tecnológico no debe ir en detrimento de los derechos fundamentales, y pidió establecer marcos normativos claros y mecanismos de control independientes.
Balance y perspectivas
España ha manifestado su voluntad de aplicar la mayoría de las recomendaciones del Comité, lo que constituye un paso positivo. No obstante, diversos organismos de derechos humanos han advertido que el verdadero desafío radica en su implementación efectiva. La distancia entre los compromisos internacionales y la práctica institucional sigue siendo un tema pendiente. La responsabilidad de reducir esa brecha recae en todos los poderes del Estado y en la capacidad de la sociedad civil para exigir rendición de cuentas.
