La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, recibió este lunes fallo favorable de la jueza Constitucional Nubia Vera, quien revocó una decisión administrativa que suspendía las actividades de Abad por 150 días «por abandono injustificado del trabajo». Además, el juez ordenó a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, emitir una disculpa pública en un mensaje a la nación dentro de las próximas 72 horas.
El fallo responde a una acción de defensa interpuesta por la vicepresidencia que impugnó la sanción impuesta por el Departamento del Trabajo. La mencionada sanción, emitida a principios de noviembre, alegaba que Abad no se presentó en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como se le había ordenado el 9 de septiembre. Abad se desempeñaba en ese momento como embajador de Israel y fue trasladado a Ankara debido a las tensiones de seguridad generadas por el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.
Durante la audiencia, el juez Vera enfatizó que la decisión de suspender a Abad no estaba basada en fundamentos sólidos, por lo que debía ser retirada de inmediato. También denunció haber sido presionado y amenazado con el despido por miembros del consejo judicial quienes, según el juez, intentaron influir en su decisión con instrucciones documentadas. «Tengo una memoria flash donde me dijeron cómo fallar», dijo Vera, advirtiendo sobre la irregularidad del proceso.
Por su parte, el Ministro de Trabajo calificó de «lamentable» la decisión del juez y acusó al juez de actuar en contra de los precedentes de la Constitución y del Tribunal Constitucional. En declaraciones a CNN, la ministra afirmó que Vera «está utilizando esta acción defensiva para posicionarse como una persona más perseguida» y que su juicio no fue objetivo.
El Consejo de la Judicatura, también designado por el juez Vera, emitió un comunicado rechazando los cargos, diciendo que no eran «adecuados a intereses políticos ni a manipulación de la administración de justicia». El gobierno ecuatoriano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la acusación de presiones contra el juez.
La suspensión de Abad generó controversia dentro y fuera del gobierno, particularmente porque involucraba su destitución del cargo en un momento crucial de la política ecuatoriana. Según la constitución del país, Abad ocupará el cargo de presidente mientras el actual presidente Daniel Noboa comienza su campaña de reelección, que comenzará el 9 de enero.
En entrevista con Radio Democracia, Noboa explicó que considera un «error» elegir a Abad para las elecciones de 2023, señalando que su gobierno está explorando alternativas para afrontar la ausencia de Abad y asegurar la continuidad de los comicios de 2023. el ejecutivo.
El 11 de noviembre, Noboa designó a Sariha Moya como vicepresidenta interina, decisión que generó críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de la medida. Sin embargo, tras la decisión judicial del lunes, el gobierno anuló dicha decisión y emitió una nueva orden ejecutiva que redefine las funciones de Abad. Según el decreto, su única tarea será hacerse cargo de las relaciones diplomáticas con Turquía, país donde permaneció antes de regresar a Ecuador en noviembre.
Ante los recientes acontecimientos, Abad afirmó que analizará el contenido del nuevo decreto que le ordena regresar a Türkiye y aseguró que seguirá defendiendo su posición y la democracia. Cuando llegó a Quito el 20 de noviembre, Abad dijo que no renunciaría y que lucharía contra lo que describió como un intento de destituirlo ilegalmente como vicepresidente.
El caso de Verónica Abad ha puesto en evidencia las tensiones entre el vicepresidente y el presidente Daniel Noboa, quienes mantienen una relación de confrontación desde el inicio de su administración hace más de un año. Este episodio también resalta las fricciones dentro del sistema político ecuatoriano en el contexto de una creciente polarización y disputas legales que afectan la estabilidad de las instituciones.
Con la decisión judicial, Abad recupera oficialmente sus funciones vicepresidenciales, aunque su futuro político sigue en el aire, sobre todo después de las declaraciones del presidente Noboa y el nuevo decreto que limita su rol. Las próximas semanas serán decisivas para decidir si el vicepresidente volverá a desempeñar un papel activo en el gobierno o si las tensiones dentro del poder ejecutivo seguirán aumentando.
